Terremoto político: El juez imputa al expresidente Zapatero por blanqueo y tráfico de influencias
La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, debido a la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, ha eclipsado por completo la agenda política. Según la investigación, Rodríguez Zapatero medió en la concesión de un préstamo de 53 millones de euros que el Gobierno español otorgó a la aerolínea venezolana Plus Ultra para evitar su quiebra. Esta autorización acaba de ser objeto de una querella criminal contra todo el Consejo de Ministros. Se trata del primer presidente de Gobierno investigado penalmente durante la democracia española. Las pesquisas judiciales cobraron fuerza tras remitir la justicia suiza y francesa informes a la Fiscalía Anticorrupción. Estas investigaciones conducen a un rastreo de transferencias por un importe acumulado de 2,81 millones de euros entre Zapatero y sus dos hijas. El origen de estos fondos consta acreditado en los 85 folios del auto judicial y proviene de la compañía aérea Plus Ultra (941.789 €), Análisis Relevante (959.789 €), Gate Center —para operar con China— (266.200 €) y Thinking Heads (681.318 €); a esto se suman los 754.960 € vinculados a sus hijas y la sociedad instrumental Whathefav S.L., además de 530.000 euros localizados en cuentas bancarias de Dubái. Era conocida la vinculación política de Zapatero con el régimen bolivariano de Chávez, Maduro y Delcy Rodríguez en Venezuela, la cual alineaba a España con el eje Caracas, La Habana, Moscú, Teherán y Pekín. De ahí los recientes viajes de Sánchez a China, y la contratación de las hijas del expresidente por la tecnológica Huawei. El magistrado instructor esperó a la celebración de las elecciones andaluzas para notificar el auto y ordenar los registros, pero evitó la entrada en su domicilio. El próximo 2 de junio está citado a declarar en calidad de investigado. La Administración Trump aportó datos clave que ayudan a la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Hugo «El Pollo» Carvajal atribuye a Rodríguez Zapatero la propiedad de minas de oro y negocios petroleros en pago por su defensa del régimen venezolano. El Gobierno de Sánchez ha salido en tromba y en defensa cerrada de su referente ideológico. Moncloa ha atacado a los jueces acusándolos de practicar “lawfare”, conscientes de que, si cae Zapatero, cae el propio Sánchez. Las ansias de poder parecen haber llevado al expresidente socialista a confundir las labores legítimas de “lobby” con el tráfico de influencias. Qué necesidad tenía de terminar así su carrera política cuando, al igual que los expresidentes González, Aznar y Rajoy, goza de una asignación anual garantizada de 74.580 euros. Durante sus tres años en el Consejo de Estado percibió unos 100.000 euros anuales. A estas retribuciones se añaden los privilegios vitalicios: dos funcionarios a su servicio, coche y conductor oficial, escolta de seguridad permanente y gratuidad en sus desplazamientos. Es más, si ingresara en el centro penitenciario de Soto del Real —donde se ubica la residencia penal de la trama de Ábalos, Koldo y Cerdán—, seguiría cobrando dicha pensión. Cabe recordar que Rodríguez Zapatero llegó al Gobierno de la Nación en el año 2004 impulsado por el impacto político de los atentados del 11-M, perpetrados apenas tres días antes de unas elecciones generales que todas las encuestas daban ganador a Mariano Rajoy. Las diez bombas que estallaron en los cuatro trenes de cercanías se cobraron la vida de 191 personas, en una atmósfera social encendida por el mensaje que Alfredo Pérez Rubalcaba lanzó en la noche de reflexión: «No merecemos un Gobierno que nos mienta». Durante sus dos mandatos, Zapatero se enorgulleció de haber puesto fin a los atentados de la banda terrorista ETA, permitiendo que el entorno de la organización entrara en las instituciones democráticas. Su agenda legislativa transformó el modelo social mediante la ley de matrimonios homosexuales, el divorcio exprés, la ley de violencia de género, la ley de memoria histórica, la implantación de la asignatura adoctrinadora de Educación para la Ciudadanía y la ampliación de la ley del aborto. En el plano exterior, promovió la Alianza de Civilizaciones como alternativa a la política antiterrorista de George W. Bush y ordenó la retirada de las tropas españolas de Irak. El actual escenario político exige de forma inaplazable la presentación de una moción de censura para convocar de inmediato elecciones generales. Seguro que muchos de los 2.269 alcaldes socialistas que gestionan los municipios de España comparten esta esta misma medida. Evocando la célebre frase de Mario Vargas Llosa, con Zapatero fue el momento exacto en que se jodió España.
